Guatemala 29 Oct (Cerigua).- El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS) pretende llevar a cabo un referéndum nacional sobre minería y aunque el proyecto aún se encuentra en la fase de discusión, los directivos tienen suficientes razones para creer que el sentimiento de rechazo, por parte de la población, es generalizado.

Rafael Maldonado, el área legal de CALAS, expresó que la iniciativa aún está siendo discutida por el personal de la entidad que representa, sin embargo, se ha planteado la necesidad de analizar la coyuntura guatemalteca y convocar a las demás organizaciones sociales al debate.

El departamento de Huehuetenango, donde se han realizado a la fecha 19 consultas populares sobre minería, todas con resultados negativos para las transnacionales que exploran y explotan minerales, es un caso que ejemplifica el rechazo generalizado, aseguró Maldonado.

CALAS ha planteado acciones de inconstitucionalidad para que se detenga la aprobación de licencias mineras, sin embargo, no es suficiente; un referéndum nacional respaldaría los resultados ya obtenidos en departamentos como Huehuetenango y San Marcos, donde las actividades extractivas son constantes, añadió el profesional.

En opinión del ambientalista, la propuesta obligaría al gobierno a iniciar un diálogo sobre la temática, especialmente la forma en la que ha afectado la soberanía de los pueblos indígenas, la vigencia de sus derechos y la conservación de los bienes naturales.

Guatemala es un país donde impera la corrupción y la impunidad, factores que han impedido hasta el momento la lucha por proteger a las poblaciones de la minería, por lo que se hace necesario promover un movimiento para que la población decida sí se avala o no dicha actividad, enfatizó el entrevistado.

A ocho meses de iniciada una nueva administración pública, los funcionarios encargados de velar por la protección de los recursos naturales, aún no han dado señales de estar trabajando a favor del estado de derecho, por el contrario ha prevalecido en interés individual, que afecta gravemente el desarrollo de las mayorías, concluyó Maldonado.

María Eugenia Solís, representanta del Colectivo Ecológico Madre Selva, indicó que para llevar a acabo una acción de esa magnitud, es necesario estar seguros que la población votará en contra de la minería, ya que podría ocasionar rupturas en el movimiento social o divisionismo, postura que secundó Miguel Ángel Albizures, del Movimiento de Derechos Humanos.

Fin Cerigua

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