Guatemala, 30 Jul (Cerigua).- La gestión del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Érick Álvarez, ha sido cuestionada por varios sectores, debido a que no ha cumplido con los compromisos que asumió sobre transparentar los gastos de ese organismo y apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se conoció aquí.

De acuerdo con el matutino Prensa Libre, desde que Érick Álvarez asumió la presidencia de la CSJ, en octubre de 2009, ha sido objeto de varios señalamientos, que iniciaron con la polémica por un viaje que efectuó a Brasil en compañía de su secretaria.

Álvarez se había comprometido a ir al extranjero sólo en casos necesarios y por asuntos de interés para ese organismo; en esa época, aseguró que seleccionaría los periplos que incluyeran los gastos pagados.

El funcionario no cumplió con estos compromisos cuando asistió a la tercera reunión preparatoria de la XV Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Suprema de Justicia efectuada en Brasil del 2 al 4 de diciembre de 2009 en compañía de su secretaria, recién contratada; ambos estuvieron en ese país por 10 días, lo que representó al Organismo Judicial una erogación de Q129 mil.

Después de varias críticas por esos gastos, la Contraloría General obligó al funcionario y a su secretaria a reintegrar parte de los viáticos, por los días extras que habían cobrado por ese viaje.

El presidente de la CSJ también fue cuestionado por los enfrentamientos verbales con Carlos Castresana, ex jefe de la CICIG y el presidente Álvaro Colom; a principios de este año, Álvarez calificó de exageradas las declaraciones de Castresana de que “el país se está muriendo debido a la ola de impunidad”.

El enfrentamiento con Castresana siguió en la Comisión de Postulación para fiscal general; en la sesión del 12 de mayo último, Álvarez pidió a Castresana  presentar pruebas de que esa comisión negoció en la oscuridad la nómina de los seis candidatos seleccionados en esa fecha.

Esta semana, pobladores de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, demandaron al funcionario por haber inscrito una propiedad comunal a favor de una empresa en el 2001, cuando fungía como representantes de la compañía Peridot, S.A.

Javier Monterroso, de la Convergencia por los Derechos Humanos, considera que Álvarez debe entregar el cargo, porque no es idóneo para presidir la CSJ ni las Comisiones de postulación para fiscal general y director del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Por su parte el abogado Ricardo Sagastume expresó: “Álvarez debe renunciar como presidente de la Corte, porque ha demostrado que utiliza el poder para beneficio propio”.

Según el matutino se intentó contactar al presidente de la CSJ pero no contestó las llamadas a su celular.

Fin Cerigua

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